fuente: elmundo.es

Suspenso en la accesibilidad a viviendas

De los casi 10 millones de edificios destinados a viviendas, un 63% no son accesibles de la calle al portal porque tienen escaleras en ese punto

Las viviendas españolas suspenden en accesibilidad universal para personas con movilidad reducida o discapacidad, cuyos criterios cumplen un 0,6% de los edificios de viviendas. el dato se desprende del estudio La accesibilidad en las viviendas de España, elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios en colaboración con la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona.

Los autores del estudio concluyen que a pesar de que en diciembre de 2017 finalizó el plazo para que las comunidades de propietarios cumpliesen con los requisitos de accesibilidad universal recogidos en el Real Decreto Ley de 2015 que exige el cumplimiento íntegro de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, no llega al 1% el porcentaje de viviendas accesibles, teniendo en cuenta las diferentes zonas del edificio, desde su acceso desde la calle hasta el interior de la vivienda.

España es el país miembro de la Unión Europea en el que más personas viven en piso (cerca del 7%). En total son 9,8 millones de edificios los destinados a viviendas, de los que un 63% no son accesibles de la calle al portal porque existen escaleras en este punto. Además, el 28% de las fincas tienen rampa, pero en algunos casos no es plenamente funcional.

La investigación, realizada entre más de 2.000 viviendas, desvela que el 14% de los edificios no posee portero automático y, de los que lo tienen, el 68% no es accesible para una persona en silla de ruedas.

“Se han evidenciado importantes carencias que impiden alcanzar una sociedad más igualitaria y justa en cuanto al acceso físico a la vivienda se refiere”, ha indicado en la presentación del estudio el presidente de la Fundación Mutua de Propietarios, Miquel Perdiguer Andrés.

Los mayores de 70 años pueden forzar las reformas

El 70% de los encuestados desconocen la norma (artículo 10.1 Ley de Propiedad Horizontal) que permite a los propietarios mayores de 70 años o con discapacidad forzar adaptaciones de accesibilidad universal hasta un determinado importe, sin la necesidad del consentimiento de la comunidad de propietarios.

En este sentido, Sergio Nasarre, de la Cátedra UNESCO de Vivienda de la URV, ha apuntado “que la realización de las oportunas reformas deben ser asumidas por la comunidad de propietarios si se refieren a elementos comunes del edificio siempre que lo solicite un propietario en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad o mayores de 70 años. La rehabilitación debe ser razonable y su precio no puede superar las doce mensualidades ordinarias de gastos comunes, dado que todos los edificios deberían ya cumplir con las condiciones básicas de accesibilidad“.

No obstante, Nasarre ha indicado que “el problema es que es un parque de viviendas envejecido y, además, la crisis ha afectado a la solvencia económica de las comunidades de propietarios que en su mayoría arrastran problemas de morosidad”, e incide en que “son necesarias más ayudas públicas para aumentar la accesibilidad”.

El 25% de los encuestados encuentra dificultades al abrir el portal de acceso al edificio debido a su peso o por dificultades en utilizar la cerradura. Además, un 39% ha indicado que la puerta no se sujeta sola o se cierra demasiado rápido. Por este motivo, la accesibilidad de la puerta de entrada al edificio desciende al 44%.

Asimismo, el 22% de los edificios no tienen ascensor y los que sí cuentan con él, sólo en un 15% de ellos está incorportado el anuncio sonoro y el anuncio en braille de los botones está en un 63% de los casos. Por lo tanto, sólo el 7% de los ascensores son accesibles.

En cuanto a los buzones, en un 64% de los casos no puede accederse a ellos desde una silla de ruedas.

Zonas comunes

El estudio analiza también el grado de accesibilidad de las zonas comunes, desvelando que el 18% de los garajes son plenamente accesibles y que un 50% de los entrevistados considera que las plazas de aparcamiento no son adecuadas para una persona con movilidad reducida.

Las personas con necesidades especiales de accesibilidad no pueden tampoco disfrutar plenamente de áreas como la piscina o los jardines, dado que sólo se consideran accesibles el 54% de las zonas comunes.

Aunque un 40% de los encuestados cree que deberían hacerse mejoras de accesibilidad en su edificio, el desconocimiento legal y los motivos económicos impiden su materialización.

Este motivo económico se corrobora con el hecho de que el 10% de las obras de adaptación realizadas provienen de ayudas de la Administración pública mientras que el resto se sufraga con dinero de la comunidad o de los inquilinos.

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