Modo de actuación tras la Ocupación de mi propiedad privada
La Comunidad de Madrid ha puesto ya en marcha el nuevo servicio 112 Ocupación que ofrecerá atención inmediata a los propietarios de los inmuebles afectados a través del teléfono 900 205 112. En la actualidad hay en la región unas 4.300 viviendas afectadas por este grave problema. Con una sola llamada, los perjudicados tendrán a su disposición todos los recursos públicos disponibles de la Administración autonómica para hacer frente a este fenómeno de delitos contra la propiedad privada.
De esta manera, se da cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su discurso de investidura en el verano de 2021.
Protocolo para actuación exprés
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior explicó que, «dentro de esta estrategia, contamos con un protocolo social de actuación en procedimientos judiciales de desalojo de viviendas ocupadas. Esta es una medida muy importante, que tapona un resquicio que aprovechaban los ocupantes ilegales, porque una de las circunstancias que puede impedir la obtención de autorización judicial es la presencia en el domicilio ocupado ilegalmente de personas pertenecientes a colectivos vulnerables o con riesgo de exclusión social, fundamentalmente menores».
En las Viviendas Sociales de la Comunidad de Madrid este trámite no va a suponer un perjuicio para el ocupante habitual ni un beneficio para el usurpador porque con las medidas dispuestas se evitan, en primer lugar, situaciones reales de desamparo, y, en segundo lugar, prolongaciones extemporáneas de la ocupación.
Así, queda establecida una «actuación exprés», con la activación inmediata de todas las administraciones implicadas, la tramitación rápida del expediente de recuperación, la movilización de las áreas de inspección y sociales y la plasmación del Informe Socioeducativo. Una vez recopilada la información de los Servicios Sociales se notificaría a los Juzgados, y nada impediría la adopción de las medidas pertinentes para prevenir situaciones de exclusión residencial.
«La Comunidad de Madrid da un paso al frente, diciendo no, alto y claro a los delitos relacionados con la ocupación ilegal de viviendas. Lo hacemos acorde a nuestro marco competencial y con pleno respeto a la legalidad vigente»
El consejero dijo que el Ejecutivo autonómico crea 112 Ocupación siendo «conscientes de que la legislación estatal necesita ser reformada de manera urgente, ya que está permitiendo, gracias a una serie de lagunas, que quienes cometen este tipo de delitos, se benefician injustamente de la situación de indefensión en la que muchas veces quedan sus víctimas, ante unos hechos muy graves».
Marcar el 900 205 112 permitirá a una persona conocer los aspectos jurídicos de la ocupación ilegal de una vivienda y las posibilidades que tienen de defender su legítima propiedad ante los tribunales, así como ser objeto de la actuación y protección por parte de los cuerpos policiales. Además, podrán recibir ayuda por parte de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD), al ser ahora consideradas como tales.
El Centro de Coordinación Municipal
Hoy en día tienen convenio firmado con la Comunidad de Madrid para su participación en el ámbito de la coordinación con el Centro de Coordinación Municipal 18 ayuntamientos. A estos últimos hay que sumar otros cuatro que han cedido agentes de sus Policías Locales para desempeñar este servicio.
Por el momento, el CECOM (centro de comunicaciones) presta servicio de 07:30 a 23:30 horas, con dos operadores en toda la franja y un policía sólo durante la mañana, los siete días de la semana. En breve se añadirá un turno de noche.
Si el hecho de la ocupación ilegal tiene lugar en el momento de la llamada o dentro de las 48 horas siguientes, los agentes telefónicos del CECOM (centro de comunicaciones) realizarán un primer análisis de la situación. Como paso inicial, si por sus circunstancias se considerase una emergencia, se derivaría el caso al 112 para la actuación inmediata de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Locales.
Los citados agentes –los cuales han recibido formación específica para ello– realizarán una calificación jurídica, si bien los expedientes más complejos podrán ser trasladados a uno de los dos inspectores de vivienda especialistas que forman parte de este servicio. Todo ello antes de que se produzca la intervención policial o las gestiones que pueda realizarse en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito.
